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La Palma (Canarias), Las Hurdes (Extremadura), el Valle del Tiétar (Castilla y León), Lleida (Cataluña)… En lo que va de año han ardido más de 75.000 hectáreas de montes, según los datos que, a fecha 31 de julio, maneja el Gobierno. Las llamas han acabado con la vida de siete personas y han dejado a varias decenas más sin casa o con sus naves de labor arrasadas.

Más del 90% de los incendios forestales tienen como causante directo la mano del hombre, según Antonio Cansinos, ingeniero superior de Montes y director técnico de Ingenios por Naturaleza, quien destaca, en declaraciones a ‘redr.es’ que “en la mayoría de los casos esta intencionalidad esconde un interés económico, fundamentado en buena medida en el bajo precio de la madera quemada”.

“Un excesivo conservacionismo de las zonas boscosas se puede convertir en un excelente caldo de cultivo para la propagación del fuego. El monte hay que mantenerlo limpio y, sobre todo, tiene que ser útil para el territorio; si se mantiene totalmente virgen, carece de utilidad para los pobladores y nadie se encargará de preservarlo y protegerlo”, asegura Cansinos, quien propone rentabilizar el monte con la construcción de plantas de biomasa que aprovechen la broza y los restos de limpia y poda para crear abono: “Este tipo de plantas incentivan el mantenimiento y limpieza del monte y generan empleo”.

La despoblación de las zonas rurales es uno de los factores que influyen en la propagación de incendios, según el ingeniero: “Si la población se va, el monte queda abandonado a su suerte, por lo que un pequeño fuego puede ser letal. Del mismo modo, podemos decir que un monte útil y bien utilizado fija población”. En este sentido cabe destacar el trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural en la puesta en valor del patrimonio natural.

En cuanto a las tareas de mantenimiento de las zonas boscosas, Cansinos recomienda evitar el contacto entre las copas de los árboles, habilitar caminos para llegar a zonas de difícil acceso, recoger las piñas (cuyo contenido en resina las hace altamente inflamables) o no dejar crecer en exceso las jaras. “Estas tareas solo son posibles si el monte es útil; es decir, si es beneficioso para los habitantes de un territorio. De no ser así, el monte queda abandonado, por eso, hay que poner en valor los espacios naturales”.

El 'incendiómetro de WWF'

A mediados del mes de julio, WWF presentó el informe anual ‘Incendiómetro 2009’ una herramienta que toma 29 variables diferentes para establecer una clasificación de zonas con mayor peligro de incendio. Entre estas variables está la inversión en gasto forestal, el éxodo rural, la frecuencia y tamaño de los incendios, la intencionalidad de los mismos, etc.

Esta clasificación la encabezan este Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, siendo Madrid, Andalucía y Murcia las regiones con menor riesgo a tenor del ‘Incendiómetro 2009’.

El estudio cuantifica por primera vez el impacto del cambio climático en el riesgo de incendios. Así, si en 2050 la temperatura del plante sube dos grados centígrados, habrá cuatro semanas más al año de riesgo extremo de incendios forestales.

WWF incide en la necesidad de evolucionar los aspectos estructurales a la hora de prevenir los incendios, aquellos cuyos resultados son decisivos, pero que se ven más a largo plazo: gestión forestal planificada, la inversión pública en el monte, las políticas a favor de la fijación de población, etc. En este último capítulo, WWF destaca que “desde la década de los 50 hemos asistido a un abandono generalizado del medio rural, donde ha disminuido una economía rural que podría ser capaz de vertebrar el territorio y mantener vivos el interés colectivo socia, económico y político por el buen estado de nuestros montes”.

“Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja […] presentan elevadas extensiones sin un interés directo social, económico y político y, por tanto, son vulnerables frente a amenazas externas a pesar de albergar la mayor parte de la biodiversidad y valores ambientales de nuestras masas forestales”, asegura el informe de WWF, quien concluye recomendando a las administraciones “apostar por un nuevo modelo económico que fomente el empleo rural y la integración de éste con la conservación de la naturaleza […] necesario para frenar el éxodo rural”.