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• En España, los 20 más ricos ganan tanto como los 9,4 millones más pobres.
  

Un informe elaborado por Oxfam Intermón denuncia que la élite de las 85 mayores fortunas del mundo acapara la misma porción de la riqueza global que la correspondiente a la mitad de la población mundial más desfavorecida, que equivale a más de 3.500 millones de personas.

El documento, bajo el título 'Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica', que será difundido esta semana en el Foro Económico Mundial, que se celebra del 22 al 25 de enero en la localidad suiza de Davos, señala que actualmente el 1% de las familias más poderosas acumula el 46% de la riqueza del mundo.

Según ha explicado la ONG, en los últimos años se han adoptado políticas que claramente benefician a quienes más tienen, como la desregulación y la opacidad financieras, los paraísos fiscales, la reducción de los tipos impositivos sobre las rentas más altas o los recortes en inversión y protección social.

"Desde finales de 1970, los tipos impositivos sobre las rentas más altas se han reducido en 29 de los 30 países de los cuales se dispone de datos, lo que significa que en muchos lugares los ricos no sólo ganan más, sino que también pagan menos impuestos", señala Oxfam. En esta línea, la organización asegura que se trata de un "manifiesto secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites y a expensas de la clase media y los más pobres".

El informe señala el caso de Europa, donde "las tremendas presiones de los mercados financieros ha impulsado drásticas medidas de austeridad que han golpeado a las clases baja y media, mientras los grandes inversores se han aprovechado de planes de rescate públicos”.

En el caso de Estados Unidos, apunta que la desregulación financiera ha propiciado que se incremente el capital acumulado por el 1% más rico de la población hasta el nivel más alto desde la Gran Depresión, hace 80 años. Mientras, en India, el número de multimillonarios se multiplicó por diez en la última década, "gracias a una estructura fiscal altamente regresiva y el aprovechamiento de sus vínculos con el gobierno".

En África, las grandes transnacionales (en particular del sector extractivo) "han aprovechado su influencia para renegociar contratos con condiciones fiscales mucho más ventajosos, limitando la capacidad de estos gobiernos para luchar contra la pobreza", conforme señala el trabajo de la ONG.

Asimismo, según recoge el informe, se estima que 21 billones de dólares se escapan cada año al control del fisco a nivel mundial. Además, en la actualidad casi la mitad de la riqueza mundial está en manos del uno por ciento más rico de la población, (110 billones de dólares) y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. En Europa, la fortuna de las 10 personas más ricas supera el coste total de las medidas de estímulo aplicadas en la UE entre 2008 y 2010 (217.000 millones de euros frente a 200.000 millones de euros).

EL CASO DE ESPAÑA

En España, el informe pone de manifiesto que las 20 personas más ricas poseen una fortuna similar a los ingresos del 20% de su población más pobre, lo que equivale a lo que ganan 9,4 millones de las personas más pobres.  

Además, España es el segundo país con mayor desigualdad social de la UE, sólo por detrás de Letonia, y, si continúan las tendencias actuales, el 20% de los españoles más ricos ganarán 18 veces más que el 20% de los más pobres en 2025, cuando antes de la crisis la desproporción era de 5,3.

Oxfam hizo un llamamiento a los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos para revertir el crecimiento de la desigualdad, como acabar con la opacidad financiera para evitar la evasión fiscal, no utilizar los paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos, reforzar la inversión en servicios sociales básicos (educación universal y sistemas de protección sanitaria) y respaldar una fiscalidad progresiva, entre otras.

En clave española, Oxfam Intermón recomendó garantizar la independencia y el buen funcionamiento de los supervisores y reguladores del Estado, recuperar el Congreso de los Diputados como espacio de diálogo y de rendición de cuentas de los representantes electos hacia y con la ciudadanía, garantizar el acceso y la calidad de la información hacia los ciudadanos, fomentar una democracia participativa, garantizar las libertades ciudadanas, promover un sector financiero transparente y que facilite el crédito a los ciudadanos, y combatir de manera inflexible la corrupción y acabar con la impunidad.