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25/11/2013 Área: Unión Europea Fuente: La Opinión de Zamora
El pleno del Parlamento Europeo
dio ayer luz verde a los cuatro reglamentos que forman la reforma de la Política Agraria
Común (PAC) pactada por la UE
y que, en principio, entrará en vigor el próximo enero, aunque en la práctica
las medidas más relevantes se retrasarán al menos hasta 2015. Los eurodiputados
también validaron las medidas de transición previstas para el periodo en que se
produzca el cambio. Entre las novedades destaca la desaparición progresiva de
los criterios históricos para el reparto de fondos, el impulso de prácticas
ecológicas, condicionando el 30% de los subsidios a que se cumpla este
requisito y la figura del agricultor activo. España recibirá en el periodo
2014-2020 unos 37.700 millones en ayudas directas y 8.300 millones para
desarrollo rural.
Los retrasos en las negociaciones
comunitarias han hecho que la mayoría de sus disposiciones tengan que ser
aplazadas al menos un año para dar tiempo a que los gobiernos trasladen a sus
sistemas nacionales las modificaciones, incluido el llamado pago verde que
condicionará un 30% de las ayudas directas al cumplimiento de determinados
esfuerzos medioambientales.
Para que la reforma sea aplicable
requiere aún el apoyo formal de los Estados miembros antes de que concluya este
año y que se cumplan los trámites en marcha para transponer los reglamentos. La Eurocámara, los
Veintiocho y la
Comisión Europea han logrado pactar las grandes líneas de la
reforma antes del parón veraniego, pero no fue hasta este septiembre cuando
consiguieron cerrar los últimos flecos.
La nueva PAC contará con 408.310
millones de euros para el periodo 2014-2020, de los que 312.700 euros se
destinarán principalmente al pago de ayudas directas y, en menor medida, a
medidas de mercado y habrá otros 95.600 millones para el segundo pilar, es
decir, fondos para el desarrollo rural. España recibirá unos 37.700 millones de
euros en total para pagos directos y otros 8.300 millones de euros para
desarrollo rural.
Según coinciden todas las partes,
la nueva PAC permitirá una política agrícola «más verde», porque condicionará
un 30 % de los apoyos directos a esfuerzos medioambientales concretos, como por
ejemplo los pastos permanentes, que las organizaciones ecologistas consideran
insuficientes.
La nueva PAC también asegurará un
reparto más «justo» y «equilibrado» entre los agricultores, pese a que la
presión de Estados miembros como España consiguieron descafeinar la
convergencia que intentó imponer Bruselas, para que todos los productores de la UE recibiesen el mismo nivel de
ayuda de aquí a 2019.
La reforma introduce entre sus novedades la creación de una «lista negativa» con la que definir de manera más clara al «agricultor activo», con el objetivo de evitar que parte del gasto agrícola de la UE va a parar a manos de los llamados productores «de salón» que no desempeñan actividad agrícola alguna, como aeropuertos o campos de golf.
Entre los elementos del acuerdo
figura también la extensión hasta 2017 del sistema de cuotas de producción de
azúcar, tal y como decidieron los ministros, frente al 2018 al que aspiraba el
Parlamento. La Eurocámara
tampoco ha conseguido defender el techo máximo de 300.000 euros al año por
explotación que Bruselas propuso, ya que los líderes europeos establecieron que
esta medida sería voluntaria para los países y se negaron a negociarla. A
cambio, los gobiernos han aceptado una reducción o «degresividad» del 5% para
los subsidios que superen los 150.000 euros anuales.
El pacto agrícola que ha superado
el voto europarlamentario, además, eleva del 75 al 85% la cofinanciación
europea de los programas de desarrollo rural en las regiones ultraperiféricas y
en las menos desarrolladas, es decir, las consideradas como «convergencia», lo
que beneficiará a Extremadura.
El comisario de Agricultura,
Dacian Ciolos, aplaudió el voto de la Eurocámara porque «promoverá un sector más
competitivo», al impulsar las organizaciones agrarias y la inversión e
innovación, y porque estará «mejor dirigida a ayudar a que los productores
tomen medidas contra el cambio climático».
«Es un gran día para los
agricultores europeos, pero también para los ciudadanos que se preocupan por la
calidad de su comida y por la sostenibilidad de las prácticas agrícolas», ha
declarado Ciolos. Bruselas trabaja ahora con los expertos de cada país de la Unión Europea para
asegurar una aplicación «eficiente» y «suave» de la reforma.
Para el presidente de la comisión
europarlamentaria de agricultura, el socialista italiano Paolo de Castro, se
trata de una nueva política para «mantener el equilibrio entre la seguridad
alimentaria y la protección del medio ambiente» y que «preparará mejor a los
agricultores a afrontar los retos del futuro y será más justa y legítima».
La eurodiputada del Partido
Popular María Auxiliadora Correa ha destacado, por su parte, que el acuerdo
entre las instituciones europeas y los gobiernos nacionales es «equilibrado» y
«se ajusta más a la realidad» de los productores que las propuestas iniciales
de la Comisión
Europea. La también «popular» Esther Herranz ha destacado que
España seguirá recibiendo el mismo nivel de ayudas «pese al recorte de fondos
para toda la UE
que se ha aprobado».
También se ha pronunciado sobre
la reforma la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, para quien la nueva PAC
debe cuidar la «diversidad» de los campos de las regiones europeas porque es
«una de las bases de nuestra identidad» y porque «añade más valor a las
producciones».
Además, la eurodiputada del PSOE
y miembro de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo Iratxe García ha
destacado la «mayor flexibilidad» que ofrece la reforma a los Gobiernos, sobre
quienes «recae la responsabilidad» de definir cuestiones «fundamentales» para
aplicar la PAC.
Entre las novedades de la futura
PAC, según informa la agencia Ical, destaca la desaparición progresiva de los
criterios históricos para el reparto de los fondos agrícolas -para que todos
los agricultores, independientemente de su cultivo o su región, reciban un
nivel parecido de ayudas por hectárea-; el impulso a prácticas agrícolas
ecológicas -condicionando el 30 por ciento de los subsidios al cumplimiento de
ciertas prácticas con beneficio medioambiental; y la introducción de la figura
de agricultor activo- que permita que las ayudas agrícolas lleguen realmente a
quienes trabajan la tierra y evite que terminen en aeropuertos y campos de
golf.
El texto también prevé extender
hasta 2017 el actual sistema de cuotas a la producción de azúcar, así como
mantener los derechos de plantación de viñedo hasta 2030.
Después del voto de hoy, sólo
falta el acuerdo formal del Consejo Europeo, el 16 de diciembre.
La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta
de Castilla y León, Silvia Clemente, aseguró ayer en Salamanca, según recoge
Ical, que desde la
Comunidad Autónoma han estado trabajando «permanentemente»
para que la reforma de la
Política Agraria Común (PAC) tenga en cuenta a la ganadería,
porque consideró que «con carácter general, los textos de la reforma se han
olvidado de la ganadería en España y en Europa». Clemente, que presidió la
reunión de constitución de la
Mesa Sectorial del Ibérico de Castilla y León, destacó que se
han conseguido «avances en lo que era este abandono y este olvido total».
En este sentido, explicó que
cuando acudieron a Bruselas pudieron trasladar al responsable de llevar a cabo
las modificaciones en los textos, algunas de sus consideraciones, para que las
introdujera y como ejemplo citó que han conseguido modificar y mejorar los
textos de la reforma relacionados con la prima de vacas nodrizas. En este
momento, recordó que hay un grupo de alto nivel creado en el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para acuñar como se tiene que
aplicar la reforma, y hay dos decisiones muy importantes para Castilla y León
que han exigido que se tengan en cuenta.
En concreto, se refirió al que haya ayudas acopladas a la ganadería y que tenga «prioridad», para poder compensar aquellas pérdidas que puedan tener los ganaderos por la aplicación de la reforma. También, Clemente manifestó que están trabajando en el análisis y en una mejor aplicación en las tarifas que tienen que recibir los ganaderos que tienen primas de vaca nodriza, para que se considere en el importe que van a recibir.
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