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18/09/2013 Área: Unión Europea Fuente: Agrodigital
Con frecuencia los Estados
miembros se guiaron por la necesidad de gastar el presupuesto asignado más que
por una evaluación de la adecuación de los propios proyectos de diversificación.
En algunos Estados miembros se financiaron todos los proyectos subvencionables
cuando había presupuesto suficiente, independientemente de la evaluación del
proyecto en términos de su eficacia y eficiencia. Solo posteriormente, al
escasear la financiación, se rechazaron proyectos de «mejor calidad».
El gasto de desarrollo rural de la UE para la diversificación de
la economía rural tiene como finalidad resolver problemas del ámbito rural
tales como la despoblación, la escasez de oportunidades económicas y el
desempleo, proporcionando financiación a particulares y empresas rurales para
proyectos destinados a respaldar el crecimiento, el empleo y el desarrollo
sostenible. El presupuesto previsto de la
UE destinado a estas medidas ascendía a 5 000 millones de
euros en el período 2007-2013 y a 2 000 millones de euros adicionales que se
prevé procedan de los fondos nacionales de los Estados miembros. La
fiscalización abarcó la
Comisión y seis Estados miembros, es decir, la República Checa,
Francia (Aquitania), Italia (Campania), Polonia, Suecia (Västra Götaland) y el
Reino Unido (Inglaterra, Yorkshire y Humber).
La prioridad estratégica de
creación de empleo no estaba bien definida. Los métodos de control y evaluación
en vigor no permitieron determinar con claridad la situación de los puestos de
trabajo creados y mantenidos mediante estas medidas. La muestra de proyectos
controlados reflejó que solo tuvieron un éxito moderado en la creación prevista
de empleo.
En muchos casos los auditores de la UE constataron que los
proyectos se habrían llevado a cabo de todos modos sin la financiación de la UE, dando lugar a un uso
ineficiente de los limitados fondos de la UE. Los controles de los Estados miembros de la
moderación de los costes de los proyectos no permitieron reducir lo suficiente
el riesgo de gastos excesivos y se detectaron casos de carga administrativa
excesiva y de retrasos en los pagos.
El hecho de que los Estados
miembros y regiones controlados no hayan especificado claramente qué desean
lograr indica que se trata de una estrategia inducida por la demanda más que
orientada a los objetivos. En la práctica ello originó situaciones en las que
prácticamente cualquier tipo de proyecto podía adecuarse a los objetivos
fijados, afirmó Jan Kinšt, Miembro del Tribunal responsable del informe.
Los informes especiales del
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) se publican a lo largo del año y presentan
los resultados de su fiscalización de ámbitos presupuestarios o temas de
gestión específicos de la UE.
Este informe especial (IE nº
06/2013) se titula «¿Han logrado los Estados miembros y la Comisión optimizar el uso
de recursos en las medidas de diversificación de la economía rural?». El
Tribunal evaluó si las medidas se habían concebido y ejecutado para contribuir
eficazmente al crecimiento y al empleo, y si se habían seleccionado para su
financiación los proyectos más eficaces y eficientes.
Además, el Tribunal valoró si la
información de seguimiento y evaluación disponible proporcionaba datos fiables,
completos y puntuales sobre los efectos de las medidas.
La fiscalización puso de
manifiesto que, globalmente, la
Comisión y los Estados miembros lograron, solo hasta cierto
punto, optimizar el uso de recursos a través de las medidas de diversificación
de la economía rural, ya que la ayuda no se destinó sistemáticamente a los
proyectos que mayores probabilidades tenían de lograr las finalidades de las
medidas.
Los motivos residen en que no se
determinaron claramente las necesidades de intervención ni se fijaron objetivos
específicos en los programas de desarrollo rural (PDR), para los que se
adoptaron amplios criterios de subvencionabilidad que no limitaban los
proyectos a los que tenían más posibilidades de lograr la diversificación y
criterios de selección que no permitieron elegir los proyectos más eficaces o
no se aplicaron en absoluto. Con demasiada frecuencia, y particularmente al
inicio del período de programación, la selección de los proyectos estaba más
bien guiada por la necesidad de gastar el presupuesto asignado que por la
calidad de los propios proyectos. En algunos Estados miembros se financiaron
todos los proyectos subvencionables cuando había presupuesto suficiente,
independientemente de la evaluación del proyecto.
Por lo tanto, el Tribunal
recomienda que:
En sus programas de desarrollo
rural, los Estados miembros precisen claramente por qué la intervención pública
en inversiones destinadas a actividades no agrícolas contribuirá a corregir,
por ejemplo, las insuficiencias de mercado derivadas de obstáculos al empleo y
al crecimiento, y cómo puede lograrlo. Los Estados miembros deberían fijar
objetivos específicos y medibles para estas necesidades. La Comisión solo debería
aprobar los PDR que presentan estrategias justificadas y globales y dotadas de
una lógica clara que demuestren de qué forma la intervención de las políticas
contribuirá a los fines estratégicos de creación de condiciones de favorables
al crecimiento y oportunidades de empleo.
Los Estados miembros definan y
apliquen de forma coherente criterios que garanticen la selección de los
proyectos más eficaces y sostenibles por lo que se refiere a sus objetivos
específicos. La Comisión
debería garantizar la aplicación correcta y continuada de estos criterios, no
solo en los casos de escasez presupuestaria.
La Comisión y los Estados
miembros fomenten la adopción de las mejores prácticas para atenuar los riesgos
de efecto de peso muerto y de desplazamiento. La Comisión debería alentar
a los Estados miembros a adoptar la práctica de considerar subvencionables los
gastos para inversiones solo a partir de la fecha de aprobación de la
subvención.
La Comisión garantice que
los Estados miembros disponen de sistemas eficaces para llevar a cabo controles
de la moderación de los costes.
La Comisión y los Estados
miembros garanticen que en el próximo período de programación se obtenga
información pertinente y fiable para facilitar la gestión y el control de las
medidas, y para demostrar hasta qué punto la ayuda otorgada contribuye al logro
de las prioridades de la UE.
Las metas de creación de empleo deben ser realistas y las
cifras de creación de puestos de trabajo han de ser objeto de un seguimiento
adecuado. La gestión de las medidas tendría que mejorar a lo largo del período
de programación, en particular cuando sea evidente que no se alcanzarán las
metas marcadas.
La Comisión y los Estados miembros redoblen sus esfuerzos por reducir la carga administrativa y garantizar que los pagos se efectúan según un calendario razonable.
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