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Con frecuencia los Estados miembros se guiaron por la necesidad de gastar el presupuesto asignado más que por una evaluación de la adecuación de los propios proyectos de diversificación. En algunos Estados miembros se financiaron todos los proyectos subvencionables cuando había presupuesto suficiente, independientemente de la evaluación del proyecto en términos de su eficacia y eficiencia. Solo posteriormente, al escasear la financiación, se rechazaron proyectos de «mejor calidad».

El gasto de desarrollo rural de la UE para la diversificación de la economía rural tiene como finalidad resolver problemas del ámbito rural tales como la despoblación, la escasez de oportunidades económicas y el desempleo, proporcionando financiación a particulares y empresas rurales para proyectos destinados a respaldar el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible. El presupuesto previsto de la UE destinado a estas medidas ascendía a 5 000 millones de euros en el período 2007-2013 y a 2 000 millones de euros adicionales que se prevé procedan de los fondos nacionales de los Estados miembros. La fiscalización abarcó la Comisión y seis Estados miembros, es decir, la República Checa, Francia (Aquitania), Italia (Campania), Polonia, Suecia (Västra Götaland) y el Reino Unido (Inglaterra, Yorkshire y Humber).

La prioridad estratégica de creación de empleo no estaba bien definida. Los métodos de control y evaluación en vigor no permitieron determinar con claridad la situación de los puestos de trabajo creados y mantenidos mediante estas medidas. La muestra de proyectos controlados reflejó que solo tuvieron un éxito moderado en la creación prevista de empleo.

En muchos casos los auditores de la UE constataron que los proyectos se habrían llevado a cabo de todos modos sin la financiación de la UE, dando lugar a un uso ineficiente de los limitados fondos de la UE. Los controles de los Estados miembros de la moderación de los costes de los proyectos no permitieron reducir lo suficiente el riesgo de gastos excesivos y se detectaron casos de carga administrativa excesiva y de retrasos en los pagos.

El hecho de que los Estados miembros y regiones controlados no hayan especificado claramente qué desean lograr indica que se trata de una estrategia inducida por la demanda más que orientada a los objetivos. En la práctica ello originó situaciones en las que prácticamente cualquier tipo de proyecto podía adecuarse a los objetivos fijados, afirmó Jan Kinšt, Miembro del Tribunal responsable del informe.

Los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) se publican a lo largo del año y presentan los resultados de su fiscalización de ámbitos presupuestarios o temas de gestión específicos de la UE.

Este informe especial (IE nº 06/2013) se titula «¿Han logrado los Estados miembros y la Comisión optimizar el uso de recursos en las medidas de diversificación de la economía rural?». El Tribunal evaluó si las medidas se habían concebido y ejecutado para contribuir eficazmente al crecimiento y al empleo, y si se habían seleccionado para su financiación los proyectos más eficaces y eficientes.

Además, el Tribunal valoró si la información de seguimiento y evaluación disponible proporcionaba datos fiables, completos y puntuales sobre los efectos de las medidas.

La fiscalización puso de manifiesto que, globalmente, la Comisión y los Estados miembros lograron, solo hasta cierto punto, optimizar el uso de recursos a través de las medidas de diversificación de la economía rural, ya que la ayuda no se destinó sistemáticamente a los proyectos que mayores probabilidades tenían de lograr las finalidades de las medidas.

Los motivos residen en que no se determinaron claramente las necesidades de intervención ni se fijaron objetivos específicos en los programas de desarrollo rural (PDR), para los que se adoptaron amplios criterios de subvencionabilidad que no limitaban los proyectos a los que tenían más posibilidades de lograr la diversificación y criterios de selección que no permitieron elegir los proyectos más eficaces o no se aplicaron en absoluto. Con demasiada frecuencia, y particularmente al inicio del período de programación, la selección de los proyectos estaba más bien guiada por la necesidad de gastar el presupuesto asignado que por la calidad de los propios proyectos. En algunos Estados miembros se financiaron todos los proyectos subvencionables cuando había presupuesto suficiente, independientemente de la evaluación del proyecto.

Por lo tanto, el Tribunal recomienda que:

En sus programas de desarrollo rural, los Estados miembros precisen claramente por qué la intervención pública en inversiones destinadas a actividades no agrícolas contribuirá a corregir, por ejemplo, las insuficiencias de mercado derivadas de obstáculos al empleo y al crecimiento, y cómo puede lograrlo. Los Estados miembros deberían fijar objetivos específicos y medibles para estas necesidades. La Comisión solo debería aprobar los PDR que presentan estrategias justificadas y globales y dotadas de una lógica clara que demuestren de qué forma la intervención de las políticas contribuirá a los fines estratégicos de creación de condiciones de favorables al crecimiento y oportunidades de empleo.

Los Estados miembros definan y apliquen de forma coherente criterios que garanticen la selección de los proyectos más eficaces y sostenibles por lo que se refiere a sus objetivos específicos. La Comisión debería garantizar la aplicación correcta y continuada de estos criterios, no solo en los casos de escasez presupuestaria.

La Comisión y los Estados miembros fomenten la adopción de las mejores prácticas para atenuar los riesgos de efecto de peso muerto y de desplazamiento. La Comisión debería alentar a los Estados miembros a adoptar la práctica de considerar subvencionables los gastos para inversiones solo a partir de la fecha de aprobación de la subvención.

La Comisión garantice que los Estados miembros disponen de sistemas eficaces para llevar a cabo controles de la moderación de los costes.

La Comisión y los Estados miembros garanticen que en el próximo período de programación se obtenga información pertinente y fiable para facilitar la gestión y el control de las medidas, y para demostrar hasta qué punto la ayuda otorgada contribuye al logro de las prioridades de la UE. Las metas de creación de empleo deben ser realistas y las cifras de creación de puestos de trabajo han de ser objeto de un seguimiento adecuado. La gestión de las medidas tendría que mejorar a lo largo del período de programación, en particular cuando sea evidente que no se alcanzarán las metas marcadas.

La Comisión y los Estados miembros redoblen sus esfuerzos por reducir la carga administrativa y garantizar que los pagos se efectúan según un calendario razonable.