REDR

Artículo de Raúl Conde, publicado en El Mundo.

El último padrón del INE, hecho público esta semana, certifica que 26 provincias siguen perdiendo población. Algunas, de forma desgarradora. Es el caso de Soria: 88.600 habitantes, apenas 3.000 más que Ceuta; Teruel (134.572) y Segovia(153.342). Guadalajara no se incluye en este lacerante ránking por el efecto que provoca la cercanía a Madrid en el crecimiento del Corredor del Henares. Pero tres cuartas partes de esta provincia castellana van camino de la extinción. Y eso teniendo en cuenta que la gangrena es aún más grave, dado que la población de hecho es muy inferior a la de derecho. Quizá por la alarma que genera esta realidad suscitó tanto interés el foro sobre desarrollo rural y la despoblación que albergó antes de Navidad el Parador de Sigüenza, la ciudad de "caserío extenso" y "torres almenadas" que Baroja describió en La nave de los locos. Organizado por el periódico Nueva Alcarria -icono de la prensa provincial- y la red de grupos locales, la jornada tuvo la virtud de huir de los tópicos y el victimismo para instalarse en propuestas viables y asequibles plasmadas en un manifiesto que sintetiza las ideas que pusimos encima de la mesa quienes participamos en las ponencias.

Un aspecto clave de este pliego de exigencias atañe a la fiscalidad, que se ha convertido en una reivindicación transversal en la España vaciada. Reducir cinco puntos el IRPF y 10 el Impuesto de Sociedades, en compensación por el encarecimiento del transporte; y bajar el IVA al 0% para los productos de primera necesidad son algunas de las medidas propuestas. No puede pagar los mismos tributos un empresario que arriesga su inversión en el Paseo de La Castellana que en un pueblo recóndito, de ahí la sugerencia de bonificar el 50% la cuota de autónomos rurales. A ello hay que sumar un bono del 25% sobre la potencia instalada y la energía consumida en el recibo de la luz, una banda ancha real, la extensión efectiva de la cotitularidad en las explotaciones agrarias para aflorar el peso de la mujer, incentivos económicos para los funcionarios y la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Lotau) para facilitar la instalación de empresas. El decálogo también pide el fin del trasvase del Tajo al Segura, que ha hundido la población en la cabecera.

El espíritu de Sigüenza, germinado alrededor de un planteamiento pragmático, lejos de maximalismos, plantea una hoja de ruta razonable. Lo que aún falta es voluntad política para detener la sangría demográfica.