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Artículo de Eduardo Moyano Estrada (IESA-CSIC)

El presidente de la Comisión Europea (CE), el luxemburgués Jean Claude Juncker, ha cerrado su propuesta de comisarios para someterla al examen del Parlamento (PE) tal como establecen los tratados comunitarios. Salvo sorpresas, el PE ratificará la propuesta, y la nueva Comisión comenzará a funcionar a primeros de octubre.

Mirando su composición lo primero que hay que valorar es el peso político de los comisarios, todos ellos ministros o jefes de gobierno en activo en sus respectivos países, que han tenido que renunciar a sus cargos para asumir sus nuevas responsabilidades europeas. No son, como en otras ocasiones, políticos en retirada, sino, salvo alguna excepción, políticos en actividad con sus carreras en pleno desarrollo.

El segundo aspecto a señalar es la organización de la CE en dos grupos de comisarios, con distintos niveles de poder e influencia, cosa lógica mientras se mantenga el criterio de que haya tantos comisarios como Estados. A los 28 EE.MM. actuales, corresponde una CE de 28 comisarios. Para hacerla operativa, Juncker se rodea de un círculo de siete vicepresidentes, cada uno de ellos con tareas de coordinación de áreas temáticas que incluyen a otros comisarios. Es, además, una CE creada a criterio del propio Juncker y no impuesta por los jefes de gobierno de los EE.MM. como venía siendo lo habitual. Esta vez, ha sido Juncker quien ha definido el perfil del comisario y les ha pedido a los 28 jefes de gobierno que le presenten candidatos para ser él quien decida.

Esa estructura en dos grupos tiene además sentido si consideramos que muchos de los comisarios lo son sobre áreas que no se sustentan todavía en políticas comunes, por lo que sus funciones van a ser más de iniciativa, que de gestión. Eso no es quitar importancia a unos comisarios respecto de otros, sino simplemente señalar que sus tareas serán diferentes según el área en la que actúen.

Por ejemplo, la cartera del nuevo Comisario de Agricultura (el irlandés Hogan) se sustenta sobre una política común (la PAC) que tiene un importante presupuesto (casi el 50% del presupuesto total de la UE), por lo que muchas de sus funciones se centrarán en gestionar la aplicación de los correspondientes reglamentos y hacer frente a eventualidades como las compensaciones para los agricultores por efecto de las sanciones a Rusia. Lo mismo cabe decir de la cartera de Pesca o de la de Fondos Regionales, que se sustentan también sobre políticas comunes.

Sin embargo, la cartera asignada al español Arias Cañete es la de Energía y Clima, sobre la que no existe una política común. Ello significa que no será una cartera de gestión, sino que el Comisario deberá llenarla de contenido tomando iniciativas que permitan avanzar hacia la deseada unión energética en un área de gran importancia estratégica para la UE (especialmente tras el asunto de Ucrania). Es por tanto una cartera en la que está todo por hacer, lo que supone un reto político considerable.

Otras carteras como la de Educación, Asuntos Sociales o Medio Ambiente, son carteras que tampoco se sustentan en políticas comunes, pero que tienen una larga trayectoria de coordinación de las políticas nacionales en esas materias. Cabe esperar en ellas el desarrollo de una gran actividad por parte del Comisario correspondiente para activar y sacarle fruto a las reuniones de los Consejos de Ministros nacionales de esas áreas, con la finalidad de seguir avanzando en el ámbito de la cooperación intergubernamental.

El tercer aspecto a destacar es la impresión (falsa) de que el poder de la UE se escora hacia el Este, como han señalado algunos analistas a la vista de la ausencia del núcleo duro de la CE de comisarios procedentes de los grandes Estados (Francia, Alemania y Reino Unido). Es cierto que el comisario de Economía será el socialista francés Moscovici y que el de Servicios Financieros será el conservador británico Jonathan Hill, pero ambos estarán sometidos al control de dos Vicepresidentes (el conservador finlandés Katainen y el letón Dombrovskis). Y también es cierto que a Alemania le corresponderá una cartera de escasa entidad (economía digital a cargo de Günther Octtinger, pero bajo control del vicepresidente estonio Ansip).

Esto es lo que hace que algunos analistas tengan la impresión, antes comentada, de la deriva de la CE hacia el Este y los países menores. Yo, sin embargo, discrepo de esa percepción. El verdadero poder de la UE no reside en la CE, sino en el Consejo Europeo (jefes de gobierno, donde manda la canciller Merkel) y en los Consejos sectoriales (ministros nacionales de las distintas áreas), y que es en esas instancias donde se marcan las orientaciones de la política europea. La función de la Comisión es aplicar lo que se acuerda de forma genérica en el Consejo Europeo y luego se concreta en el correspondiente Consejo de ministros. Pensar que el poder reside en la Comisión Juncker es un error, lo cual no significa rebajar la importancia de este órgano en sus funciones de iniciativa y de gestión de las políticas comunes.

Además, en lo que se refiere a la zona euro (que sólo afecta a 17 Estados), el poder no reside en el Comisario de Economía, y ni siquiera en el Ecofin (Consejo de los 28 Ministros de Economía y Finanzas), sino en el Eurogrupo (formado por los 17 ministros de economía de los países del euro, donde marca la pauta el ministro alemán y a cuya presidencia aspira el ministro español De Guindos).

Es justo reconocer la capacidad que ha tenido Juncker para confeccionar una Comisión a su medida, formada por comisarios con fuerte peso y experiencia política. De su capacidad para coordinar áreas tan dispares en competencias y presupuesto, y para hacer que funcione de manera eficiente los dos grupos de comisarios, dependerá que la nueva Comisión desempeñe un papel positivo en la nueva legislatura. Pero es conveniente acotar el área real de influencia de la CE para no vernos tentados de realizar afirmaciones sobre el reparto de poder en la UE que no se corresponden con la realidad.