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Artículo de Carme Escales, publicado en elPeriódico.

Jorge Fernández y Jordi Llacunes son dos jóvenes emprendedores que en el 2003 fundaron en Lleida una empresa para dar servicio de internet, telefonía y fibra óptica al mundo rural. Sin estas herramientas, no tendría sentido, en pleno siglo XXI, hablar de reequilibrio territorial. Cubriendo el vacío que dejan las grandes operadoras de telecomunicaciones, la firma de Ponent demuestra que facilitar la conectividad tecnológica, borrar del mapa el aislamiento digital, no solo da lugar a una empresa como la suya, sino que crea algo imprescindible para que puedan nacer nuevas empresas o teletrabajadores en municipios rurales, también lejos de una gran ciudad.

Fiscalidad especial

"Sí, la tecnología facilita hoy la deslocalización, por lo tanto, facilita la práctica del teletrabajo, pero para ello, es necesario que las empresas creen en ello", expresa Carme Freixa, presidenta de la asociación Micropobles, que agrupa a 137 municipios que tienen menos de 500 habitantes. "Las empresas deben entender que el cliente está en todas partes, no solo en las ciudades. Desde cualquiera de nuestros pequeños municipios se puede realizar una compra por internet y recibir el encargo en casa del mismo modo que se recibe en una ciudad", precisa Freixa. Ella es, además, la alcaldesa de su pueblo, Vallfogona de Ripollès, que tiene ahora entorno a los 200 habitantes.

Ha perdido unos 50 habitantes desde los años 90. "Ojalá todas las casas del pueblo estuvieran habitadas todos los días de la semana", exclama desde un pueblo, a doce quilómetros de la capital de comarca, Ripoll, que puede presumir de servicios para una vida de calidad. Tiene escuela y guardería, dos bares restaurantes, una tienda, viviendas de protección social, e instalaciones deportivas: piscina en verano, pista cubierta y campo de fútbol 7. Pero, "a la hora de la práctica, hay que poder trabajar, o en el mismo municipio, o a una distancia de unos 40 minutos", añade Carme Freixa.

"Una de las palancas clave para desencallar el tema laboral es la fiscalidad", incide el presidente de esMontañas (Asociación Española de Municipios de Montaña), exsíndic del Vall d'Aran y exsenador socialista, Paco Boya. "Para generar trabajo y actividad económica en el ámbito rural, hay que propiciar incentivos que concuerden con esa otra realidad que son los núcleos rurales", dice. "En una población de 500 habitantes, es muy común que un mismo local ofrezca el servicio de bar, tienda y restaurante, pero no es justo que en ese caso, como ocurriría en una gran ciudad, el propietario deba pagar los epígrafes fiscales equivalentes a tres actividades. En la montaña, por lo general, hay que trabajar en diferentes sectores para poder ganarse la vida, en temporada de invierno y verano, pero eso está fiscalmente penalizado", explica Boya. "Hay que contemplar esos trabajos también como un servicio público, por ello deberían ser tratadas con equidad", reclama.

Guía de gobernanza

Desde la asociación que preside Paco Boya, se acaba de finalizar una guía de gobernanza para las zonas de montaña. Inspirada en experiencias de discriminación positiva que aplican desde hace tiempo ya otros países como Francia o Italia (donde acaban de implantar una ley en defensa de las escuelas rurales para favorecer la equidad territorial), en septiembre la presentarán en las Cortes. "Necesitamos un plan Marshall en el marco rural para facilitar la emprendeduría y la vida en pueblos", dice Boya.

Desde el Pallars Sobirà, una de las comarcas históricamente menos pobladas de Catalunya, la gerente del Consell Comarcal, Pilar Tomás, considera que construir I+D y dotar de más valor en el ámbito rural pasa por potenciar, como ya se está haciendo, la formación en el propio territorio. "Los institutos de Sort y La Pobla de Segur se han especializado en líneas formativas de turismo de montaña. Esquí, senderismo, ráfting o piragüismo traen a jóvenes de fuera y muchos de ellos se quedan".