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• El proyecto se desarrollará entre el 2020 y el 2022 y el objetivo será invertir en zonas donde la inversión privada es insuficiente.
• "Esta medida abordará la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales de España", declaró la vicepresidenta de la Comisión encargada de Competencia, Margrethe Vestager. 

Artículo de Silvia Martinez, publicado en elPeriódico.

España ya tiene luz verde de Bruselas para destinar 400 millones de euros en ayudas públicas al despliegue de redes de banda ancha de muy alta velocidad. La Comisión Europea ha dado este martes luz verde al plan cuyo objetivo será mejorar la conectividad entre los consumidores y empresas en zonas donde la inversión privada es insuficiente porque "deben poder beneficiarse de todo el potencial que encierra el crecimiento digital, con independencia de dónde se encuentren", ha justificado la vicepresidente ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager.

Según los plazos manejados por el Gobierno, el proyecto se ejecutará entre 2020 y 2022 y tendrá como prioridad "abordar los déficits de conectividad en toda España y mejorar y acelerar la cobertura con redes de muy alta velocidad a fin de lograr la conectividad a internet necesaria para apoyar el mercado único digital europeo", ha explicado la Comisión Europea que también ha destacado que las nuevas redes darán acceso a mejores servicios de banda ancha para estimular el desarrollo de una economía digital moderna.

Concretamente, la medida apoyará el despliegue de redes capaces de proporcionar velocidades de carga y descarga de 300 megabits por segundo (Mbps), ampliables a 1 gigabit por segundo (Gbps) a zonas específicas. Además, las nuevas redes cubrirán zonas en las que no están presentes ni previstas en un futuro próximo redes de alta velocidad que ofrezcan velocidades de descarga de al menos 30 Mbps. 

Asimismo, el proyecto también cubrirá zonas en las que ya está presente o prevista en un futuro próximo una red de alta velocidad pero en las que no existe ni está prevista una red que permita una descarga de más de 100 Mbps. Y todas las redes financiadas con cargo a la medida ofrecerán acceso al por mayor a todos los operadores de forma abierta, transparente y no discriminatoria, por lo que ayudarán a "incentivar las inversiones privadas en la prestación de servicios de internet de alta velocidad a los hogares y las empresas en las zonas objetivo", ha explicado la Comisión.

Fondos públicos porque la inversión privada es insuficiente

"Esta medida abordará la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales de España. Con esta decisión respaldamos una vez más el uso de fondos públicos para los servicios de internet de muy alta velocidad destinados a los hogares y las empresas en zonas donde la inversión privada es insuficiente", declaró la vicepresidenta de la Comisión encargada de Competencia, Margrethe Vestager.

Régimen vigente desde 2013

El plan permitirá prolongar un régimen español ya en marcha, aprobado por la Comisión Europea en 2013, para desarrollar el acceso a la próxima generación en zonas insuficientemente cubiertas. Se trata de un ámbito de "importancia estratégica" para Bruselas y para la agenda digital de la Unión Europea que ya fija como objetivo el que al menos el 50% de los hogares europeos estén abonados a conexiones a internet de más de 100Mbps. 

La Comisión Europea completó la agenda hace tres años con una comunicación sobre el Gigabit que define los objetivos de conectividad que han de alcanzarse para 2025, cuando la conexión de todos los hogares europeos a redes de muy alta velocidad con una velocidad potencial de descarga de al menos 100 Mbps, ampliable a 1 Gbps, debe permitir el uso generalizado de productos, servicios y aplicaciones en el mercado único digital.

En el marco de este plan, las autoridades españolas han elaborado un inventario completo de las infraestructuras disponibles actualmente y han llevado a cabo consultas públicas para determinar las zonas objetivo. En este terreno se han comprometido a poner en marcha nuevas consultas públicas para garantizar que se limiten al mínimo las distorsiones de la competencia. La directrices de la UE de banda ancha vigentes desde 2013 ya permiten ayudas públicas cuando se constata un fallo del mercado o cuando esas inversiones vayan a suponer una mejora significativa.